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El partido político EQUO entiende la necesidad de una reforma institucional distinta ya que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se construye sobre una realidad municipal que se desconoce. Una reforma de tal calado ha tenido un proceso de elaboración inadecuado y poco transparente y ha sido redactada con poco rigor técnico y sin contar con la participación y el consenso de expertos, técnicos y políticos.
Con esta reforma local el Gobierno, según sus previsiones, pretende ahorrar unos 8.000 millones de euros, 3.400 atribuibles a la supresión de servicios sociales que realizan actualmente los municipios. Desaparecerán 70.800 puestos de trabajo y peligra la atención a 2.600.000 beneficiarios de servicios sociales tales como ayuda a domicilio, residencias para mayores, pisos tutelados, apoyo a familias, albergues para inmigrantes, guarderías municipales, comedores sociales y prevención e inserción social.
Para Pepa Bonilla, coportavoz de EQUO en Córdoba, "esta ley aprovecha la crisis económica para realizar una profunda revisión ideológica: menos sector público y más sector privado. Además eliminará autonomía municipal, mecanismos de participación ciudadana y por tanto debilitará aún más la democracia".
El coportavoz provincial de EQUO, Diego Rodríguez, señala que "los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 90% de los de la provincia de Córdoba, perderán el control de los servicios básicos si no cumplen los objetivos de déficit". Además añade que "la potenciación de la figura de las Diputaciones Provinciales procederá a minimizar la gestión de los ayuntamientos con poca población" y considera que "el objetivo último de la reforma ha sido reforzar el papel de las Diputaciones provinciales e incluir a la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos municipales".
EQUO pone de manifiesto que esta reforma debilita el municipio con legitimidad democrática directa y que pretende reforzar la provincia cuestionando por tanto la autonomía municipal en detrimento de la autonomía provincial. EQUO pide por tanto que se limite el poder de las Diputaciones provinciales, que se establezca como competencia municipal propia la prestación de los servicios sociales y que se reconozca la condición de entidades locales a aquellas de ámbito territorial inferior al municipio, evitando así mismo la participación de la iniciativa privada en servicios sociales tan fundamentales para los ciudadanos.
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