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El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con los votos de PSOE e IU-CA, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2014, que asciende a 29.619,6 millones de euros y que tiene como prioridad contribuir a la creación de empleo y a la reactivación de la economía en Andalucía, al tiempo que blinda las políticas sociales para salvaguardar el Estado del Bienestar. Como novedad, el presupuesto incorpora una regulación más exhaustiva de las transferencias de financiación con mecanismos de fiscalización previa y control posterior y mejora el sistema de seguimiento presupuestario a los entes instrumentales.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha agradecido la contribución del conjunto de los diputados en el debate parlamentario y ha destacado que es un "presupuesto con el que afrontamos una situación de extraordinaria dificultad, pero que va a marcar una línea clara en defensa de la igualdad de oportunidades y de la equidad" Unas cuentas que, según ha dicho, priorizan "a las personas, sus necesidades, sus problemas reales, el empleo, y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales del estado del bienestar, demostrando que es posible hacer otra política para salir de la crisis sin dejar a nadie atrás".
La gran prioridad del presupuesto andaluz para 2014 es, sin duda, la creación de empleo en la Comunidad. Por ello, la política de empleo es la única que crece claramente, un 2,8%, mientras que la Formación Profesional para el Empleo se incrementa un 3,8%. En total, las políticas de empleo y desarrollo empresarial se dotan con 1.485 millones.
Junto a la generación de empleo, el presupuesto busca reactivar la economía andaluza y contribuir a la recuperación. Para ello, se incrementa la dotación para internacionalización de las empresas y se potencia el protagonismo del sector privado en la actividad económica, disponiendo 1.393 millones para crédito público a favor de las empresas, y 413 millones para I D i.
Políticas sociales
Las políticas sociales suponen el 82% del gasto con el objetivo de garantizar en Andalucía la prestación de unos servicios públicos eficientes, de calidad y accesibles para todos, sin exclusiones.
La política sanitaria absorbe 8.222 millones de euros y gana peso en el conjunto de las políticas públicas, al representar el 38% del gasto de las Consejerías. Andalucía mantiene de este modo su apuesta por una prestación sanitaria sin privatización de servicios y sin copago en farmacia hospitalaria; la gratuidad de los medicamentos para los menores de un año; la oferta de una cartera de servicios íntegra, la más amplia del Sistema Nacional de Salud.
El presupuesto dedica una especial atención a la lucha contra la exclusión social, para lo que incrementa la financiación del Ingreso mínimo de solidaridad un 29,5%, hasta situarse en 90,6 millones de euros. El Plan extraordinario de Acción Social contará con 60 millones, y con otros 20 millones la actuaciones de Solidaridad alimentaria. Además, se renueva el compromiso con la Dependencia en Andalucía, con la aportación de 1.094 millones en 2014, a pesar de la retirada de financiación del Estado.
Otra gran prioridad del gasto social es la Educación, como garantía para potenciar el crecimiento económico a largo plazo y mejorar la igualdad de oportunidades. En total, dispondrá de una dotación de 6.666 millones de euros, lo que representa el 30,5% del gasto de las Consejerías. Entre otras medidas, se garantizan los programas educativos de apoyo a las familias (gratuidad de los libros de texto, Plan de apertura de centros, oferta de las escuelas infantiles) y se mantienen las becas propias de la Junta de Andalucía (Beca 6000, Segunda Oportunidad, Talentia y nueva Beca Adriano).
Del mismo modo se mantiene el compromiso con las Corporaciones Locales, manteniendo la financiación de 480 millones de euros (Patrica), pese a la reducción del presupuesto global de la comunidad para 2014.
Las cuentas públicas andaluzas se han visto condicionadas por la obligación de ajustar el gasto en 1.220 millones de euros el próximo año, como consecuencia del desequilibrado reparto del objetivo del déficit entre el Estado y las CC.AA., de la aplicación de un sistema de financiación que perjudica a la comunidad, y del recorte de las transferencias finalistas y del Fondo de Compensación Interterritorial asignadas en 2014.
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