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El Partido Andalucista ha manifestado hoy públicamente que "urge abordar la regulación del derecho estatutario de los andaluces a una Renta Social Básica que permita paliar la emergencia social en la que viven cientos de miles de ciudadanos en nuestra tierra. Tenemos la herramienta, lo reconoce el Estatuto, es una cuestión de voluntad política"
Continuaba Rider que "iniciativas como esta son el mejor ejemplo de Andalucía, una sociedad comprometida que tiene que soportar que después de 7 años de vigencia de nuestro Estatuto de Autonomía, todavía esté por desarrollar. La Renta Social Básica no es cualquier medida, es la principal apuesta por la igualdad y el progreso que haya hecho Andalucía nunca".
En este sentido, Rider ha recordado que "la Junta, a iniciativa de IU, tiene en marcha un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz sobre esta renta desde hace un par de meses. Sin embargo el ritmo de los trabajos del mismo hace prever que el proyecto parlamentario de regulación de la renta no esté terminado antes de que acabe la legislatura".
Uno de los argumentos recurrentes de aquellos que no ven la renta social como una prioridad o urgencia en nuestra sociedad, es el coste de la medida. A este respecto, Mª José Rider ha señalado que "en la actualidad ya existe un programa andaluz de Ingreso Mínimo de Solidaridad, pero se ha revelado absolutamente insuficiente. Este programa cubre las necesidades de unos 100.000 andaluces, mientras hay 850.000 parados sin ninguna prestación, y hasta 280.000 andaluces que conviven en unidades familiares sin un solo miembro con nómina".
Sobre el coste de implementar el proyecto de las entidades sociales, estimado en alrededor de 400 millones de euros anuales, Rider ha manifestado que "en la actualidad del programa de Ingreso Mínimo de Solidaridad tiene un coste de 100 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costaría poner en marcha el derecho a la renta social básica. ¿Cómo financiarlo? Los andalucistas tenemos algunas propuestas, por ejemplo que se supriman las diputaciones provinciales y que los 25.000 millones de euros que dedicamos anualmente a su mantenimiento se redistribuyan entre los distintos territorios del Estado para financiar medidas encaminadas a remover las desigualdades sociales. Y es solo un ejemplo".
Finalmente, la andalucista ha señalado que "no hay un momento más necesario y obligado para poner en marcha esta iniciativa, que posibilitará que las familias andaluzas puedan obtener recursos para una vida digna".
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