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Así, los asistentes a un encuentro celebrado en el Cortijo de Frías -que además coincide con el vigesimo aniversario de la red- mostraron su preocupación ante los efectos que podrían producirse para el empresariado acogido a esta figura legal, que además se encuentra debilitado por la crisis económica. El gerente de la RAAR, Francisco Javier Cansino, recordó que en la última ley que se aprobó, el sector del turismo rural tuvo un fuerte protagonismo en las negociaciones, lográndose incorporar la denominación de Vivienda Turística de Alojamiento Rural» que a su parecer se adapta al «nivel socioeconómico del perfil del propietario-empresario de turismo rural».
Ahora, la posible eliminación de dicha figura podría deberse según la red de alojamientos a que «se estimara que al consumidor le resulte más fácil que no exista distinción alguna entre viviendas turísticas y casa rural» ya que desde el punto de vista técnico es lo mismo, las diferencias se encuentran en el régimen fiscal. En caso de que la denominación turística se desmantelara Cansino considera «habría gente que anularía la actividad o pasaran a la clandestinidad» atendiendo a las dimensiones de microempresa y al menor volumen de negocio por culpa, en su mayor, parte de la crisis.
Figura mayoritaria
El gerente de la RAAR recordó ante los medios de comunicación que existen unas 4.000 unidades de alojamiento rural en Andalucía, de las que un 60 por ciento corresponden a la figura de Vivienda Turística de Alojamiento Rural que se pretende eliminar. De hecho, en las provincias de Málaga, Jaén y Granada el porcentaje de viviendas turísticas de alojamiento rural es más grande, lo que obligaría a su reconversión o cierre e incluso a «trabajar en línea paralela» en el marco de la ilegalidad.
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