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Andalucía ha dado un paso al frente en la lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar con una batería de propuestas que buscan adaptar la respuesta institucional a los retos de la era digital. Entre las principales conclusiones del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, celebrado en Córdoba, destaca la apertura del debate para fijar una edad mínima de acceso a las redes sociales y la posibilidad de tipificar el acoso escolar como delito.
Las medidas han sido presentadas por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, al término de dos intensas jornadas de ponencias, talleres y debates en las que han participado cerca de un millar de personas. El encuentro, bajo el lema "Andalucía frente al Acoso", ha servido para recoger propuestas de la comunidad educativa, expertos y representantes institucionales con el objetivo de establecer un nuevo marco de protección para menores y adolescentes.
Castillo ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía para impulsar estas iniciativas en los ámbitos competentes, tomando como referencia experiencias internacionales como la de Australia en la limitación del acceso de menores a las redes sociales. "Aunque contamos con un sistema robusto de promoción de la convivencia y protección de la salud mental, afrontamos nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los cambios sociales", ha señalado.
Refuerzo de protocolos y más protección para la víctima
En el ámbito educativo, una de las medidas más inmediatas será el refuerzo de las alertas en los protocolos de acoso. La Consejería plantea que cualquier denuncia presentada por familias o miembros de la comunidad educativa sea comunicada desde el primer momento a la inspección educativa, con el fin de mejorar el asesoramiento, la supervisión y el seguimiento de cada caso.
Además, el Gobierno andaluz estudiará una modificación normativa para que el cambio de centro del acosador se convierta en la norma general, priorizando así la seguridad y el bienestar de la víctima. También se contempla endurecer las consecuencias cuando un centro educativo no active el protocolo ante una alerta, al considerarse este procedimiento una garantía esencial de seguridad, atención psicopedagógica y acceso a recursos sanitarios.
Un enfoque transversal y social
El cierre institucional del congreso ha contado con la participación del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y con la presencia de responsables de otras áreas del Gobierno autonómico, reforzando la idea de un enfoque transversal. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha advertido de que la violencia digital "implica al conjunto de la sociedad" y ha alertado de que puede llegar a costar vidas si no se actúa con decisión.
Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto el foco en la necesidad de mejorar la tipificación legal del ciberacoso y de trabajar también con los agresores para que comprendan las consecuencias de sus actos. En este contexto, ha destacado la puesta en marcha del primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa, una herramienta clave para analizar nuevos perfiles delictivos y reforzar las políticas de prevención y reinserción.
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