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De estas aportaciones, que suponen 44,3 millones de euros, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ya ha aprobado directamente los 2,53 millones correspondientes a Almería, que no requieren autorización del Consejo al no sobrepasar el límite legal de tres millones.
Las subvenciones se canalizan a través de convenios con las diputaciones que estarán suscritos antes de que finalice julio, lo que supone un adelanto de dos meses respecto a ediciones anteriores. Además, y al igual que en la pasada edición, la convocatoria de 2013 incluye la entrega de un 18% de los fondos antes de que acabe el año (el resto se abonará en tres pagos durante el primer semestre de 2014).
Por provincias, los 41,3 millones del PFEA 2013 se distribuyen del siguiente modo: Almería, 2,53 millones (autorizados anteriormente por la Consejería); Cádiz, 4,61; Córdoba, 6,80; Granada, 6,02; Huelva, 3,68; Jaén, 5,67; Málaga, 4,92, y Sevilla, 9,99.
En los proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las diputaciones financian los gastos de materiales, maquinaria y utensilios. Para percibir los fondos, las diputaciones tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos municipales por parte del SEPE y la cuantía que aporta este organismo a cada entidad local.
La dotación total del PFEA para 2013 asciende a 206,79 millones de euros, la misma que el año anterior. Esta cantidad procede tanto de la Administración central (147,7 millones) como de la Junta y las diputaciones provinciales, que aportan el resto con el 75% y el 25%, respectivamente. El desarrollo del plan permitirá generar alrededor de dos millones de jornales y 105.000 contratos.
Desde que la Junta comenzó a financiarlo en 1986, este programa, conocido inicialmente como Plan de Empleo Rural, ha sumado unas inversiones de 4.010 millones de euros (884,7 aportados por la Administración autonómica y 284,9 por las diputaciones).
A través del PFEA se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan acciones como construcción de centros sociales, parques o jardines, urbanización de polígonos industriales, mejora del alumbrado público y conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras. El plan actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, estimular las economías locales y facilitar a los jornaleros la protección por desempleo del sistema agrario de la Seguridad Social.
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