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Estos datos han sido facilitados por la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, quien ha puesto de relieve la importancia del servicio de Justicia Gratuita como un derecho social propio de países avanzados que supone un paso decisivo en la lucha por la igualdad. En este sentido, la delegada ha defendido la sensibilidad de la Junta desde que asumió las competencias en Justicia para dotar a este servicio de los medios necesarios para su funcionamiento, y ha señalado la confianza de la ciudadanía en el mismo.
Contenido y beneficiarios
La asistencia jurídica gratuita es un derecho reconocido en la Constitución, cuya prestación asigna el Estatuto de Autonomía andaluz a la Comunidad Autónoma. Tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que acrediten insuficiencia de medios para litigar. Y en concreto pueden beneficiarse de este servicio las personas cuyos recursos económicos no superen los 14.473,20 euros (el doble del IPREM) y las asociaciones y fundaciones cuya base imponible en el Impuesto de Sociedades sea inferior a 21.709,80 euros en cómputo anual (el triple del IPREM), pero requiere un gran esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía, Fiscalía y profesionales del Derecho determinar con eficiencia a qué personas corresponde realmente este derecho y documentar convenientemente la insuficiencia de medios. Para ello, funciona en cada provincia una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita formada por fiscales, abogados, procuradores y funcionarios de la propia Junta de Andalucía que se reúne varias veces al mes para reconocer o denegar, en su caso, el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas que realmente lo necesiten, ya que los recursos económicos son limitados.
Entre las prestaciones gratuitas se incluye el asesoramiento y orientación previos al proceso, asistencia de un abogado al detenido o preso, defensa y representación por un abogado y procurador en el procedimiento judicial, inserción de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales, y asistencia pericial, así como la exención de pago de depósitos para la interposición de recursos y reducción del 80 por 100 en el pago de determinados derechos arancelarios.
En la actualidad, 480 letrados del Colegio de Abogados de Córdoba prestan servicio en el turno civil y otros 435 lo hacen en el turno penal, y existen dentro del mismo Colegio turnos de oficio especializados, tales como el de menores (250 abogados), extranjería (130 abogados), asistencia a presos (146 abogados) o violencia doméstica (201). En el Colegio de Lucena, 50 abogados prestan asistencia al detenido y otros 25 lo hacen en violencia doméstica, profesionales todos ellos que llevan a cabo una gran labor, muy bien valorada socialmente.
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