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El servicio básico de la justicia. La sentencia de Marta del Castillo.
14.01.12 - Escrito por: Mateo Olaya Marín
 La publicación de la sentencia del caso Marta del Castillo ha puesto en solfa a la justicia española. La que para el pueblo es una ridícula condena para Miguel Carcaño, y la absolución de los otros tres imputados, se corresponde con una comprensible ola de desánimo e indignación social.
Por qué será que muchos temíamos algo parecido. La continua evasión de los imputados, generando una madeja indestructible de contradicciones, datos confusos y cruces de declaraciones a caballo entre la realidad y la falsedad, unida a la búsqueda infructuosa del cadáver de la joven sevillana, hacía presagiar que todo se resolvería de una forma legal, pero injusta. No queríamos ver el desenlace, pero era previsible.
Queda saber qué sucedió en los primeros días de investigación y rastreo de pesquisas, donde algunas voces ponen el acento en cierta lentitud, la suficiente como para que los responsables se acomodaran y tuvieran tiempo de preparar sus respectivas coartadas y borrar pruebas incriminatorias.
El conflicto entre la sociedad y la justicia se ha colocado en un plano muy complicado. Pocas rendijas hay ahora mismo, para la esperanza y confianza en el sistema que garantiza nuestra integridad física y moral, cuando casos como éstos, donde la información ha ido cayendo en forma de cascadas informativas sobre programas y monográficos en horarios de máxima audiencia, nos han mantenido atentos a todos los detalles que emergían a la luz. El público ha recibido, cuando menos, un cursillo acelerado de procesamiento penal, y a la vez ha terminado por no digerir el principio de presunción de inocencia, base del sistema democrático judicial, que queda totalmente desmantelado con este ejemplo pernicioso e inconsolable.
Amargo sabor por ver que de rositas se van unos presuntos cómplices, en los que está ese “tercer anónimo”, que la sentencia indica con firmeza y a la vez impotencia, que ayudó a Carcaño y a Cuco para deshacerse del cadáver de Marta. Existir existió, y estaba sentado en el banco. Pero no sabremos con certeza quién fue.
El problema no es tanto la sentencia, como sí el insuficiente y laxo material legislativo del que se valen los jueces para sancionar, así como de los escollos y desajustes en la instrucción. No nos engañemos, nuestro sistema judicial ha quedado al descubierto como un aparato caducado y alejado de la realidad, un organismo mastodóntico que no puede con el volumen y la exigencia que se le
asigna, una máquina que necesita un engrase urgente y una puesta a punto desde la base, hasta la cúspide.
Por lo tanto, pongamos el dedo en la llaga y demandemos de una vez por todas un poder legislativo sin fisuras, si compasión, que levante un muro normativo lo suficientemente alto y grueso como para que unos cernícalos de pacotilla, unos delincuentes de barrio, no se rían de un país entero y nos tengan con el corazón en vilo para nada.
Por eso, sólo por eso, es hora de que se incluya a la justicia como uno de los servicios básicos que no puede verse resentido en demasía por los necesarios ajustes de la administración. La sanidad, la educación y… la justicia. No se olviden de ella, por favor. No la señalen como uno de los servicios públicos a podar. La crisis económica no es excusa para que nuestras oficinas judiciales tengan, día sí, día no, graves problemas para encauzar con diligencia y agilidad, los litigios, ya sean penales o de cualquier índole. Porque de lo contrario, el siguiente caso será el de los niños desaparecidos de Córdoba.
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